Fiscalizar no es gestionar.
En política, hay una tentación recurrente confundir el reclamo con el logro, eso es exactamente lo que ocurre con la reciente publicación de un video del consejero regional por la provincia del Santa, Alexander Peláez Vera, candidato N° 3 a la Cámara de Diputados por Somos Perú, quien afirma —con tono triunfal— haber “gestionado” la compra de los patrulleros adquiridos por el Gobierno Regional de Áncash y donados a la Policía Nacional del Perú.
La afirmación es, en el mejor de los casos, imprecisa, en el peor, engañosa y conviene poner las cosas en su sitio, porque la ciudadanía merece saber quién hace qué en la administración pública y, sobre todo, quién no puede hacer lo que dice haber hecho.
Un consejero no gestiona compras públicas
Empecemos por lo básico. Un consejero regional no tiene atribuciones ejecutivas. No administra presupuesto, no elabora expedientes técnicos, no conduce procesos de contratación, no firma contratos ni dispone recursos públicos. Eso le corresponde, por ley, exclusivamente al gobernador, a su aparato administrativo del Ejecutivo regional.
El rol del consejero es otro: fiscalizar, deliberar, aprobar normas regionales, exigir rendición de cuentas y representar políticamente a su provincia. Es un rol importante, sí, pero no es un rol gestor en términos administrativos.
Por tanto, cuando el consejero Peláez afirma haber “gestionado la compra” de patrulleros, incurre en una confusión deliberada de funciones. Exigir, solicitar, presionar políticamente o emitir oficios no equivale a gestionar una adquisición pública. Gestionar implica conducir el proceso. Y eso, simple y llanamente, no ocurrió.
Los patrulleros no fueron una iniciativa del Consejo
La compra de los patrulleros fue una decisión del Ejecutivo regional, vinculada a una promesa política del gobernador y ejecutada a través de los mecanismos formales del Estado: aprobación presupuestal, expediente técnico, control interno, licitación pública, contrato y posterior transferencia a la PNP.
Todo ese proceso —largo, técnico y reglado— no depende de un consejero individual, sino de una cadena de decisiones administrativas y políticas lideradas por el gobernador regional y sus gerencias.
El Consejo Regional, como órgano colegiado, participa aprobando el presupuesto general y fiscalizando su ejecución. Eso implica que todos los consejeros, no solo uno, forman parte del marco político que permitió la inversión. Pretender apropiarse del resultado final como si fuera una gestión personal es, como mínimo, una exageración.
Exigir no convierte en autor del resultado
¿El consejero Peláez pidió que se compren patrulleros? Probablemente sí. ¿Ofició, reclamó, habló del tema, lo exigió públicamente? Es muy posible. ¿Eso lo convierte en el gestor de la compra? No.
En democracia, exigir es una obligación, no un mérito extraordinario. Los consejeros están para eso: para pedir que se cumplan promesas, para presionar políticamente, para fiscalizar retrasos. Pero el resultado no se les atribuye, porque no son quienes ejecutan.
Si mañana un consejero exige hospitales y el gobernador los construye, nadie diría seriamente que el consejero “gestionó” la obra. Diríamos —con razón— que cumplió su rol de fiscalización y que el Ejecutivo hizo su trabajo. Aquí ocurre exactamente lo mismo, el problema de fondo: inflar el mérito.
El problema no es que el consejero Peláez participe en la agenda de seguridad ciudadana. El problema es inflar su participación hasta convertirla en una autoría que no le corresponde. Ese tipo de relatos no solo distorsiona la verdad, sino que desinforma a la ciudadanía sobre cómo funciona el Estado.
Se construye la idea falsa de que las políticas públicas dependen del “empuje” de una sola persona, cuando en realidad dependen de procesos institucionales, decisiones colegiadas y ejecución técnica. La seguridad ciudadana no mejora con videos triunfalistas, sino con gestión real, presupuesto bien ejecutado y coordinación efectiva entre niveles de gobierno.
Conclusión
Decirlo con claridad no es atacar a nadie, Alex Peláez no gestionó la compra de los patrulleros, lo que hizo —y eso es legítimo— fue exigir, fiscalizar y acompañar políticamente una decisión que correspondía al Ejecutivo regional. Confundir fiscalización con gestión es una falta de rigor y apropiarse de un logro institucional es una falta de honestidad política.
En tiempos donde la desinformación se viraliza en segundos, decir la verdad importa. Y la verdad es simple: los patrulleros llegaron por una decisión del Ejecutivo regional y un proceso administrativo regular, no por la gestión individual de un consejero.
Las medallas, en política, deben colgarse solo cuando corresponden. Y esta, claramente, no le pertenece.
