El caso se encuentra en la etapa final de juzgamiento por el presunto delito de peculado doloso agravado en agravio del Estado.
Documentos judiciales obtenidos por la unidad de investigación del portal www.hugogonzales.com revelan que el líder de la Lista N° 4, promovido como una figura de renovación, está acusado de ser cómplice en un desfalco millonario. Si gana y es condenado, la universidad se enfrentaría a una crisis de gobernabilidad sin precedentes.
En medio de una campaña electoral que promete un nuevo rumbo para la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), y cuyas elecciones serán el próximo miércoles 29 de octubre, una grave denuncia pende sobre uno de sus principales protagonistas. El ingeniero Javier Enrique Sotelo Montes, candidato a rector por la Lista N° 4, ha sido formalmente citado a juicio oral por el delito de peculado doloso agravado.
Lejos de la imagen fresca y renovadora que proyecta su campaña, el Expediente Judicial N° 01045-2017-60-0201-JR-PE-03 detalla su presunta participación en una red de corrupción que desfalcó a la municipalidad distrital de Anta, cuando se desempeñaba como jefe del Área de Infraestructura (el responsable de las obras en aquella gestión).
El caso, que se encuentra en la etapa final de juzgamiento, y la audiencia continua mediante audiencias el 30 de octubre 2025, a horas 8: 00 a.m., (un día después de las elecciones), investiga la apropiación de fondos públicos durante la ejecución del proyecto «Mejoramiento de la Losa Polideportiva de Anta». La fiscalía especializada en delitos de corrupción sostiene que se inventó un aparato para simular gastos, autorizar pagos por servicios fantasma y adquirir materiales que nunca llegaron a la obra. En este esquema, Sotelo Montes no es un personaje secundario; la acusación lo califica de cómplice «intraneus», es decir, el funcionario público que desde su posición estratégica y de confianza facilitó el desvío de los fondos del Estado. Su firma y supervisión eran indispensables para que el dinero fluyera, y las pruebas admitidas por el juzgado pintan un panorama sumamente delicado para el ahora candidato.
La contundencia del caso reside en las evidencias materiales. El Ministerio Público presentará en el juicio un Informe de Inspección Técnica pericial que concluye, de manera categórica, que el avance físico real de la obra fue de apenas un 47.38%, menos de la mitad de lo que se había pagado con fondos públicos (ya que Sotelo según la Fiscalía autorizó el pago del total de la obra). Esta cifra se contradice directamente con los informes mensuales de avance que Sotelo, como máximo responsable técnico, debía elaborar y verificar.
La propia UNASAM hundió a Sotelo
Dichos informes, también admitidos como prueba, son señalados por la fiscalía como documentos que contenían información falsa para ocultar la falta de progreso real y justificar los desembolsos. Pero la prueba que genera mayor controversia es, irónicamente, un documento emitido por la propia UNASAM. El Oficio N° 064-2021-UNASAM-DRRHH-URC/J acredita, con un parte de asistencia oficial, que Enrique Sotelo acudía a la Facultad de Ingeniería de Minas entre julio y diciembre de 2014. Este es exactamente el mismo periodo en el que debía estar supervisando a tiempo completo la obra en Anta, lo que para la fiscalía evidencia un grave abandono de sus funciones (y que está acostumbrado a dejar sus cargos y responsabilidades para dedicarse a otras cosas) y pone en tela de juicio si realmente ejercía el cargo por el que cobraba.
El futuro legal del candidato a rector es crítico. El delito de peculado doloso agravado, por su gravedad, se sanciona en el Código Penal con una pena no menor de ocho años de cárcel efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público. Esto significa que no existe la posibilidad de una sentencia suspendida. De ser hallado culpable, Sotelo Montes iría a prisión.
Este escenario crea una amenaza directa a la estabilidad de la UNASAM. Si la Lista N° 4 gana las elecciones y, posteriormente, el Poder Judicial emite una sentencia condenatoria (lo cual es muy probable con toda la evidencia que se tiene), la universidad se vería envuelta en un escándalo sin precedentes. El rector electo sería inmediatamente destituido para cumplir su condena, dejando el cargo acéfalo. De acuerdo con la nueva Ley Universitaria, el vicerrector académico, Edgard Brito, asumiría el rectorado. La comunidad universitaria se enfrenta así a una elección cuyo resultado podría dejar a su máxima casa de estudios sin un líder legítimamente elegido y con la sombra de la corrupción planeando sobre su nueva gestión.
