Imágenes satelitales, testimonios vecinales y reportes técnicos evidencian que el polvo que levantan los vientos sobre la relavera llega hasta zonas pobladas, contaminando posiblemente a cultivos, fuentes de agua, y afectando los pulmones de la población más vulnerable.
Desde las alturas de la cordillera negra, donde deberían florecer los ichus y pastar tranquilos los animales, cae como una maldición invisible el polvo tóxico de la Minera Lincuna S.A. Sus relaves, extendidos como lenguas grises sobre la quebrada Sipchoc, no solo afectan el paisaje: lo contaminan, lo enferman y lo matan, tal como señalan algunos pobladores de la zona que nos pidieron el anonimato por temor a represalias.
Según los líderes comunales, dirigentes sindicales y ciudadanos del lugar la relavera de Lincuna generaría un evidente riesgo sanitario y ambiental altísimo, sin que hasta ahora se vea una intervención real del Estado para contener sus efectos.
El aire que se respira ya no sería aire
Imágenes satelitales, testimonios vecinales y reportes técnicos evidencian que el polvo que levantan los vientos sobre la relavera llega hasta zonas pobladas, contaminando posiblemente a cultivos, fuentes de agua, y afectando los pulmones de la población más vulnerable: niños, ancianos, campesinos. “Nos dicen que es neblina, pero no huele a neblina. Arde en la garganta”, nos dijo una comunera de Sipchoc.
El OEFA ya alertó que el polvo proveniente de relaves puede contener metales pesados como plomo, arsénico o mercurio. Aunque los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) no sean fiscalizables, sí lo son los Límites Máximos Permisibles (LMP). Si se demuestra que se han excedido, la multa podría llegar a los 132 millones de soles (30 mil UIT) ¿Pero alguien fiscaliza? ¿Alguien sanciona?
La trampa legal y el cuento del “desarrollo”
La Ley General del Ambiente (Nº 28611) exige aplicar el principio de precaución: si hay riesgo de daño grave al ambiente, se debe intervenir preventivamente. Pero aquí, los daños están en las narices del Estado, y aun así no pasa nada. La minera continúa operando, los relaves siguen allí, el polvo sigue cayendo.
Las comunidades de Aija, La Merced, Recuay y otras están respirando veneno. Sus aguas se mezclan con residuos industriales. Sus animales enferman. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién responde?
¿Dónde está la responsabilidad social?
En el papel, Lincuna pregona responsabilidad y sostenibilidad. Pero en el terreno, ni siquiera cumpliría con garantizar condiciones ambientales básicas. En vez de planes de cierre o tratamiento ambiental, se cuenta con una relavera activa sobre una cabecera de cuenca, sin cobertura vegetal ni monitoreo riguroso.
¿Qué hace la Autoridad Nacional del Agua? ¿Qué hace el Ministerio del Ambiente? ¿Dónde están los informes públicos de monitoreo? ¿Dónde está la Contraloría? Hay quienes aseguran que hay más de un funcionario mirando al costado. Incluso se habla de que un alto funcionario de confianza de la actual gestión regional que habría trabajado en la empresa minera no habría alertado a pesar de tener conocimiento de la grave situación que en caso de confirmarse generaría un escándalo de ribetes.
El silencio también contamina
Mientras tanto, la población lucha con su propia voz. Según nuestras fuentes, de manera solitaria, algunas autoridades regionales habrían levantado informes, solicitando acciones correctivas y solicitando la revisión del Estudio de Impacto Ambiental. Pero la respuesta habría sido una mezcla de tecnicismo, demora y omisión.
Es momento de llamar a las cosas por su nombre: la operación de Lincuna es a todas luces incompatible con el derecho a un ambiente sano. La contaminación del aire, el deterioro de los suelos y el riesgo sanitario para cientos de personas no pueden seguir normalizándose en nombre del empleo temporal o del aporte al canon.
¿Hasta cuándo?
Esta nota periodística no busca criminalizar la minería. Busca visibilizar lo que se quiere esconder bajo la alfombra gris del polvo: que la vida está en riesgo, que la ley se está ignorando, y que el pueblo tiene derecho a saber.
Mientras la minera saca toneladas de riqueza del subsuelo, los pobladores respiran incertidumbre. Y esa, señores, es la peor forma de desarrollo: la que mata lentamente, con polvo, con silencio y con impunidad.
¿Dónde está el Estado?
La relavera de Lincuna está ubicada en la cabecera de la quebrada Sipchoc, en una zona donde hay actividad agrícola, pastoreo y asentamientos humanos. Y, sin embargo, el Estado parece mirar hacia otro lado. ¿Acaso nuestros campesinos no merecen el mismo derecho al agua y a la vida que cualquier otro peruano?
Basta de simulaciones
Lincuna no puede seguir operando como si la vida humana fuera una variable secundaria. No se trata de paralizar el desarrollo minero, sino de exigir un modelo sostenible y justo, que no sacrifique la salud y la dignidad de nuestras comunidades.
Desde el portal www.hugogonzales.com exigimos la intervención inmediata de la Contraloría General de la República, del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Salud, para que fiscalicen in situ las condiciones de operación de la relavera, y evalúen el cumplimiento de sus Instrumentos de Gestión Ambiental.
La vida no se negocia
Nuestros pueblos no pueden seguir bebiendo agua contaminada, ni sembrando sobre tierra envenenada. Que no nos digan que es desarrollo lo que en realidad es una evidente devastación. Lincuna debe responder por sus actos, y el Estado tiene la obligación legal y moral de actuar ya.
La Minera Lincuna, o Compañía Minera Lincuna, es una empresa minera que explota plata, plomo y zinc en la unidad minera Huancapetí. Su mina se encuentra en la provincia de Aija y su planta en la provincia de Aija, región Ancash. Se encuentra en la Cordillera Negra entre los 3800 a 4400 metros sobre el nivel del mar. (continuara).
