La actual gestión del Gobierno Regional de Áncash mantiene en un cargo estratégico a un funcionario con un proceso judicial avanzado. Fredy Álvaro Tarazona, quien hoy se desempeña como Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash, se encuentra bajo la lupa de la justicia debido a una acusación fiscal que solicita cinco años de pena privativa de la libertad efectiva en su contra por los presuntos delitos de usurpación agravada y daños agravados.
Los hechos que originan este requerimiento legal se remontan a mayo del año 2018, en el distrito de Uco, provincia de Huari. En aquel entonces, Álvaro Tarazona ejercía funciones como Gerente Municipal de la mencionada localidad. Según el expediente fiscal 029-2019, el funcionario habría participado en la ejecución de una obra vial que terminó afectando una propiedad privada de manera violenta. La fiscalía sostiene que se destruyeron muros perimétricos y extensas plantaciones de maíz pertenecientes a tres ciudadanas de la zona para abrir paso a una trocha carrozable.
La investigación fiscal detalla que el ahora Director Regional de Transportes habría firmado el contrato de ejecución de la obra «Servicio de Transitabilidad Vehicular Cabracancha – Huanga» sin contar con la debida libre disponibilidad del terreno. El documento acusatorio indica que los trabajos se realizaron sin el consentimiento de las propietarias, Nancy, Ester y Benedicta Neyra, quienes vieron cómo maquinaria pesada dividía sus parcelas y arruinaba sus cultivos poco antes de la cosecha, causándoles un perjuicio económico y patrimonial directo.
La situación legal de Álvaro Tarazona es crítica, pues el Ministerio Público ha pasado de la etapa de investigación a la de acusación formal, fundamentada en actas de inspección, testimonios y peritajes. La fiscal Noemí Cadillo Lara ha solicitado que, además de la pena de cárcel, los acusados paguen una reparación civil solidaria de 15 mil soles a favor de las agraviadas. El caso se encuentra a la espera del juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal definitiva del funcionario.
Este antecedente judicial plantea una interrogante sobre los criterios de idoneidad para la designación de altos directivos en la región. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones es una entidad con un presupuesto considerable y responsable de la infraestructura vial de Áncash, funciones que guardan una relación directa con la naturaleza del delito por el cual Álvaro Tarazona está siendo procesado: la presunta vulneración de derechos de propiedad para fines de construcción de carreteras.
De ser hallado culpable en las siguientes etapas del proceso, el actual director no solo tendría que abandonar su cargo, sino que enfrentaría un internamiento en un centro penitenciario. Por ahora, el funcionario continúa al frente de una de las carteras más importantes del departamento, mientras las ciudadanas afectadas en Huari esperan justicia por un caso que lleva más de seis años en los tribunales y que hoy pone en entredicho la catadura moral y la ética en la administración pública regional.
