La sospecha de una justicia con doble estándar enciende las alarmas.
Un grupo de ciudadanos y abogados de Huaraz evalúa acciones legales tras detectar un patrón de «criterios acomodadizos» en las decisiones de un magistrado del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria. La sospecha de una justicia con doble estándar enciende las alarmas.
La paciencia parece tener un límite en los pasillos de la justicia ancashina. Un creciente murmullo de indignación, proveniente de diversos sectores de la sociedad civil y del gremio de abogados de Huaraz, ha puesto en la mira al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, específicamente a su titular, el juez Miguel Dueñas Arce.
La controversia surge del análisis de dos resoluciones recientes en casos emblemáticos de corrupción, uno por colusión agravada y otro por banda criminal. Lo que en un inicio eran simples dudas, se ha convertido en una convicción para muchos: el juez estaría aplicando la ley con una flexibilidad que parece depender más del imputado que de la propia norma.
«Lo que vemos es una justicia a la carta», comenta un experimentado abogado que ha seguido de cerca ambos casos y que prefiere mantener el anonimato. «Para un grupo de investigados, estar prófugo es una ‘afrenta al sistema’ que amerita la cárcel. Para otro grupo, en el mismo caso, esa misma condición parece ser un detalle sin importancia. Eso no es interpretar la ley, eso es manipularla».
La gota que habría derramado el vaso es la inconsistencia en cómo el magistrado valora las pruebas. Mientras en un caso se basa en «inferencias» y «máximas de la experiencia» para enviar a prisión a funcionarios públicos, en otro exige pruebas casi irrefutables de «influencia psíquica» para liberar a una presunta líder criminal, un estándar que, según expertos, es prácticamente imposible de cumplir en una etapa inicial.
Este «doble rasero», como lo califican, ha llevado a un colectivo de ciudadanos y profesionales del derecho a organizar reuniones y estudiar a fondo los expedientes. Fuentes cercanas al grupo confirman que están documentando cada contradicción y evaluando seriamente la posibilidad de interponer una denuncia por presunto prevaricato.
«No se trata de estar a favor o en contra de la prisión preventiva», aclara una ciudadana involucrada. «Se trata de que las reglas del juego sean las mismas para todos. No podemos tener una justicia que use un microscopio para unos y mire para otro lado con otros. Eso destruye la confianza en todo el sistema».
El ambiente está cargado. La sociedad civil de Huaraz, a menudo silenciosa, hoy levanta la voz, advirtiendo que no permitirá que la balanza de la justicia se incline por intereses que no sean los de la propia ley. El mensaje es claro: el escrutinio sobre el Quinto Juzgado apenas comienza.
