Willy Ponce evaluaría acciones legales por presunta falsificación de documentos y firmas presentadas por personas malintencionadas ante el organismo electoral.
“Decisión: por las consideraciones expuestas por unanimidad los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, declararon fundado en parte el recurso de apelación interpuesta por la defensa técnica de Ascario Wilman Ponce Velasquez y en consecuencia, revocaron la resolución número 8, sentencia de fecha 2 de julio de 2024, en el extremo que condena a Ascario Wilman Ponce Velasquez, como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado en agravio del Estado – Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en consecuencia reformándola absolvieron a Ascario Wilman Ponce Velasquez de la imputación fiscal, ordenándose se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieren generado, archivándose los actuados “, señala el tenor de la resolución Nº 13 de fecha 20 de enero de 2025, suscrito por los magistrados Vásquez Cárdenas, Lomparte Sánchez y Espinoza Lugo, de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa.
Wilman Ponce, fue procesado en su condición de exalcalde de la municipalidad provincial de Corongo, por el supuesto funcionamiento sin autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de una estación de televisión municipal que venía operando con anterioridad a que asuma la función edil en enero de 2019 y al tomar conocimiento ordenó su inmediato cierre. El canal de televisión municipal habría estado funcionando durante varias gestiones anteriores, presumiéndose que en su momento se obtuvo dicho permiso.
En este contexto Willy Ponce, candidato con el Nº 1 a la Cámara de Diputados por el partido Somos Peru, evaluaría acciones legales por presunta falsificación de documentos y firmas presentadas ante el organismo electoral los mismos que vienen siendo difundidos a través de trolls en las redes sociales.
“Resulta evidente que estos hechos se enmarcan en una estrategia de guerra sucia, orientada a desprestigiar la imagen del candidato y confundir a la opinión pública en pleno proceso electoral. Rechazamos categóricamente estas prácticas antidemocráticas que buscan desacreditar sin pruebas firmes ni resoluciones vigentes”, se lee en el comunicado.
