En el Perú, la minería formal sostiene buena parte de la economía nacional. Pero mientras genera miles de empleos y aporta millones en canon, es amenazada por la minería ilegal, un negocio criminal que ha dejado de ser artesanal para convertirse en una actividad clandestina capaz de desafiar al Estado, capturar autoridades y sabotear inversiones millonarias.
La magnitud del problema es tan grande como silenciosa. Solo en Áncash, en una operación policial reciente, se incautaron más de 72 mil cartuchos de dinamita, 64 sacos de nitrato de amonio y maquinaria valorizada en S/ 1.8 millones. Tanta logística no pertenece a pequeña minería, sino a mafias criminales, con financiamiento y protección política.
Esa protección le mantiene en auge a la minería ilegal. Áncash conoce bien cómo la corrupción puede capturar instituciones como municipalidades y el Gobierno Regional para asegurar impunidad y controlar contratos públicos. Hoy, operadores políticos ligados a la minería ilegal repiten el mismo libreto: frenan permisos, manipulan conflictos sociales, infiltran municipios y utilizan el proceso electoral para manipular a la gente.
El resultado es un escenario caótico donde la minería ilegal avanza destruyendo todo a su paso. En el distrito Cáceres del Perú, los vehículos que transportan mineral ilegal han roto canales de riego y han contaminado terrenos agrícolas, generando conflictos que luego son usados para culpar y presionar a la minería formal.
Incluso la inversión pública es saboteada. En Pushaquilca, un proyecto que buscaba retirar 60 mil m³ de residuos para cerrar un pasivo ambiental fue invadido por mineros ilegales. El mensaje es claro: ni el Estado se salva de los criminales. También, en zonas cercanas a operaciones formales como Antamina, se han registrado enfrentamientos con fuerte presencia de elementos extraños.
En ese contexto la táctica más sofisticada es la instrumentalización del conflicto social. En Jangas, un reclamo legítimo por la pérdida de un manantial terminó con una demanda de S/ 360 millones contra una minera formal, un monto desproporcionado que evidencia la mano de operadores externos interesados en paralizar proyectos formales.
En Cochabamba – Huaraz, la minería ilegal y redes políticas han logrado infiltrarse en la comunidad aprovechando el desorden institucional. Grupos mafiosos con conexiones con ilegales de Pataz, Ayacucho, Trujillo e incluso Lima se han presentado como “defensores del agua”, pero en realidad buscan sabotear la inversión formal y bloquear cualquier proyecto de minería responsable que pueda traer desarrollo real para la comunidad.
Hoy la comunidad vive una encrucijada: por un lado, el crimen organizado que se camufla detrás de discursos ambientales; y por otro, la necesidad urgente de generar oportunidades, empleo y obras que solo pueden provenir de inversiones legítimas, transparentes y fiscalizadas.
Frente a esta amenaza —criminal, política y económica— el gobierno intenta responder con la nueva Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal 2025-2030. Pero su eficacia dependerá de acciones integrales y más de si logra romper la red de protección que permite que la minería ilegal se mueva con más libertad que la propia ley.
Mientras tanto, Áncash vive la paradoja de siempre: una región bendecida por la riqueza mineral, pero asediada por organizaciones que convierten esa riqueza en violencia, corrupción y pobreza. La minería ilegal no solo extrae minerales, sepulta el futuro y la felicidad de nuestros hijos.
Foco: Las Ventajas de la Minería
Más allá del PBI, las ventajas económicas de la minería son sustanciales. Es el principal generador de divisas para el país a través de las exportaciones y una fuente clave de inversión extranjera, además de financiar los presupuestos regionales vía el Canon Minero.
