El suscrito no solo se ratifica en el contenido de su publicación, sino que la amplía con los elementos aquí presentados. No existe difamación cuando la información se basa en documentos oficiales y en hechos de innegable interés público.
El actual alcalde accesitario provincial del Santa, Felipe Mantilla Gonzales, quien fue Gerente General Regional durante el periodo investigado por la Fiscalía, exige una rectificación. Sin embargo, los documentos oficiales del Ministerio Público son la base de nuestro informe y el deber de informar a la ciudadanía prevalece sobre la incomodidad de los funcionarios públicos ante el escrutinio.
En respuesta a la carta notarial enviada por el señor Felipe Juan Gonzales Mantilla, actual alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, este medio de comunicación reafirma su compromiso con el periodismo de investigación basado en hechos y fuentes documentales verificables. La misiva exige rectificar en un plazo de 48 horas la publicación titulada «¡Terremoto! Fiscalía investiga a alcalde de Chimbote por presunto peculado…», alegando que la información es difamatoria.
Lejos de amedrentarnos, esta acción nos brinda la oportunidad de aclarar a la opinión pública, con mayor detalle, los fundamentos de nuestro informe y por qué el señor Gonzales Mantilla, en lugar de enviar requerimientos a la prensa, debería estar preparando las explicaciones que, tarde o temprano, las autoridades fiscales podrían solicitarle.
Tinterillada jurídica
El señor Mantilla basa su reclamo en que la Disposición Fiscal N° 01, que da inicio a la investigación preliminar (Carpeta Fiscal N° 1306015500-2025-431-0), consigna las iniciales «L.Q.R.R.» y no las suyas.
Lo que el alcalde, en un acto de criollada (o tinterillada jurídica), no quiere explicar en su carta —o quizás desconoce— es que «L.Q.R.R.» es una fórmula jurídica estándar que significa «Los Que Resulten Responsables». El Ministerio Público la utiliza al inicio de una investigación compleja para no limitar el alcance de sus pesquisas, mientras individualiza las responsabilidades penales.
La propia disposición fiscal es clara al delimitar el objeto de la investigación al señalar, «los funcionarios del Gobierno Regional de Ancash, entre ellos el gerente general regional, gerente regional de administración, […] tesorero y otros, en el año 2018 se habrían apoderado por mas de 180 mil soles». Esto quiere decir que, bajo la tesis de la Fiscalía, por lo menos existen sospechas de que el cargo de Gerente General Regional de aquella fecha (entre ellos Ud.) es un potencial y presunto delincuente que se apropió de manera indebida de dinero público.
¿Y quién ostentaba el máximo cargo administrativo como Gerente General Regional en parte de ese periodo? Según la Resolución Ejecutiva Regional N° 0306-2018-GRA-GR, de fecha 05 de julio de 2018, fue precisamente Felipe Juan Mantilla Gonzales. Es un hecho público y documentado. Por tanto, vincularlo con una investigación que apunta directamente a su cargo y periodo de gestión no es difamación, es una inferencia lógica y periodísticamente obligatoria.
Deber de tolerancia del funcionario
La dogmática penal y la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional peruano como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son pacíficas al señalar que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio por parte de la prensa y la sociedad. Su derecho al honor se ve ponderado frente al derecho a la libertad de información y de opinión sobre asuntos de interés público.
Intentar silenciar a un medio de comunicación con una carta notarial por informar sobre una investigación fiscal que involucra su gestión pasada, es una clara manifestación de intolerancia a la crítica y a la fiscalización, pilares fundamentales de cualquier democracia. En lugar de intimidar, debería dar la bienvenida a la oportunidad de esclarecer los hechos ante la ciudadanía que hoy gobierna.
Investigación fiscal avanza
La preocupación del señor Mantilla parece aumentar, y quizás con razón. La investigación no solo no se ha detenido, sino que se ha vuelto más específica.
Este medio ha tenido acceso al Oficio 2343-2025-MP/2ºD-FPCEDCF-DF-ANCASH, fechado el 05 de setiembre de 2025. En este documento «MUY URGENTE», la fiscal Ruth Nelly Gonzales Huamán requiere al Gobierno Regional de Áncash información detallada sobre pagos de impuestos (IGV y Renta) correspondientes a setiembre y diciembre de 2018.
Estas fechas coinciden milimétricamente con el periodo en que el señor Mantilla ejercía como Gerente General Regional. La Fiscalía está siguiendo el rastro del dinero y las responsabilidades funcionales de quienes tenían el poder de decisión en ese momento.
Precisión final
Fuentes cercanas a la investigación, cuya identidad protegemos por la naturaleza del caso, confirman que la línea de trabajo fiscal se centra en los más altos cargos de la gestión 2018. La responsabilidad funcional, por acción u omisión, recae ineludiblemente sobre quien dirigía la administración regional.
Por todo lo expuesto, el suscrito no solo se ratifica en el contenido de su publicación, sino que la amplía con los elementos aquí presentados. No existe difamación cuando la información se basa en documentos oficiales y en hechos de innegable interés público.
Exhortamos al alcalde Felipe Mantilla Gonzales a que canalice sus energías en preparar una sólida defensa y a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público para aclarar cualquier duda sobre su gestión. La prensa seguirá haciendo su trabajo por más que al poder le incomode.
