“La China» Polo: ¿Cabecilla de una Banda Criminal o ahijada de una Fiscalía y Poder Judicial ineptos?
Una acusación de cohecho legalmente absurda, pruebas de audio cruciales «desaparecidas» en custodia fiscal y una fianza irrisoria dejan en libertad a Susy Ysabel Aponte Polo, presunta cabecilla de «Los Elegantes de Áncash». La resolución judicial es un manual de errores que siembra serias dudas sobre la competencia o las verdaderas intenciones del Ministerio Público.
Indignante. Esa es la única palabra que queda tras leer las 97 páginas de la resolución que salvó a Susy Ysabel Aponte Polo, alias «La China Polo», de la prisión preventiva. No fue por falta de acusaciones, sino por un cúmulo de errores tan groseros por parte de la Fiscalía (encabezados por Anita Villarreal Camones y Robert Rojas Ascón) que parecen diseñados a propósito para fracasar. El caso, que prometía desmantelar una de las redes de corrupción más grandes de Áncash, ha terminado siendo un bochornoso monumento a la impunidad, un insulto a la inteligencia ciudadana y una prueba más de que en este país, a veces, ser delincuente sale a cuenta.
El Ministerio Público nos había pintado un cuadro de película. Presentó a «La China Polo» como la «Jefa», la «Doctorita», la líder indiscutible de la banda criminal «Los Elegantes de Áncash». Una organización perfectamente estructurada para emitir licencias de conducir a cambio de sobornos, con tarifas que iban desde los S/ 450 hasta los S/ 3,500. Según la tesis fiscal, Aponte Polo no era una simple integrante; era el cerebro, la mandamás que se llevaba el 70% de todas las ganancias ilícitas, colocando a directores y funcionarios de confianza en la Dirección Regional de Transportes para asegurar el flujo de dinero. Una acusación de esta magnitud exigía una investigación impecable y una estrategia legal a prueba de balas. La Fiscalía, lamentablemente, llevó un tirachinas a una guerra que ella misma declaró.
¿ERROR O INTENCIONAL?
El primer y más letal error contra el caso vino de la propia mano del fiscal. Acusaron a «La China Polo» de ser «Instigadora» del delito de Cohecho Pasivo Propio, bajo la modalidad de «solicitar» una coima. Sin embargo, a los funcionarios públicos a los que ella supuestamente «instigaba», los acusaron bajo una modalidad distinto que es la de «aceptar o recibir» el soborno.
Cualquier estudiante de derecho de primer año sabe que son dos conductas opuestas. Una es activa (solicitar), la otra es pasiva (recibir). El juez, Miguel Dueñas Arce, en un análisis bastante sospechoso se apegó a la norma (solamente en este caso) señalando que no se puede «instigar» a alguien a ser pasivo (recibir). Es un contrasentido legal. Es como acusar a alguien de obligar a otro a que le roben. La conclusión del magistrado favoreció a “La China Polo” porque según su criterio no existe manera de probar que Aponte Polo obligó a los funcionarios a cometer un delito que, en la forma que la fiscalía lo planteó, era legalmente imposible de instigar ¿Fue un error de principiante o una salida de emergencia diseñada para salvar a “La China Polo”?
FISCALÍA BORRÓ EVIDENCIA CONTRA LOS ELEGANTES
Si el error legal fue la estocada, la desaparición de pruebas fue la sal en la herida. La Fiscalía argumentó que Aponte Polo representaba un peligro de obstaculización, pues se habían “borrado” audios cruciales contenidos en un USB incautado a otro implicado, Denis Juniors Solano Bolo. Estos audios, según los colaboradores, contenían información que la vinculaba directamente.
Aquí viene lo escandaloso. La investigación del propio juez determinó que el borrado de esa información no ocurrió en manos de la imputada o sus cómplices. La resolución judicial es explícita y vergonzosa señalando que el borrado «se ha producido en la carpeta Fiscal, al interior de las instalaciones del Ministerio Público».
La evidencia clave se perdió bajo la custodia de quienes debían protegerla. El juez los culpó directamente de manera escandalosa «lo que evidencia una responsabilidad del Ministerio Público y no de la investigada» dando a entender un fallo de Juez Miguel Dueñas Arce con presunto favoritismo a “La China Polo”.
Es un escándalo mayúsculo ¿Cómo es posible que las pruebas más importantes de un caso tan mediático se «pierdan» precisamente en la oficina del fiscal? Esto ya no huele a ineptitud; apesta a encubrimiento y corrupción. La Fiscalía, en un acto de cinismo, intentó usar su propia negligencia (o complicidad) como argumento para decir que es culpa de la imputada, y el juez, se lo echó en cara a la vez que parecía defender a “La China Polo”.
S/ 30 MIL POR SU LIBERTAD
Con la acusación de cohecho desmoronada y las pruebas clave se pierden. Aunque el juez considera que sí existen elementos para investigarla a “La China Polo” por Banda Criminal, sin el delito de cohecho, la posible pena se reduce drásticamente, eliminando uno de los requisitos para la prisión preventiva.
El resultado final es una burla. «La China Polo» sale no purgará prisión preventiva y tendrá comparecencia restringida. Debe registrar su huella digital, no cambiar de domicilio y, como cereza del pastel, pagar una caución de S/ 30,000. Treinta mil soles. Para una persona que, según la propia fiscalía, lideraba una red que movía cientos de miles de soles, esa cifra no es una garantía; es el costo administrativo de la impunidad.
El caso de Susy Ysabel Aponte Polo no es solo la historia de una presunta delincuente. Es la radiografía de un sistema de justicia enfermo y corrupto, donde la torpeza y la sospecha de eliminar pruebas con intención caminan de la mano. Queda en el aire la pregunta que todos en Áncash se hacen ¿los fiscales a cargo de este caso son los más incompetentes del país o, por el contrario, los más astutos? La respuesta, en cualquier caso, es profundamente indignante.
