Horas después de que el semanario de Hildebrandt en sus Trece diera a conocer el testimonio de Mario Cabani, que las operaciones de Boluarte no fueron por salud sino estéticas, trece personas secuestradas el sábado 26 de abril aparecieron muertos en un socavón, en Pataz, La Libertad. Los asesinados fueron hallados en la mañana de este domingo 4 de mayo. Es decir, nueve días después.
La difusión de lo que parece ser una masacre a los trece trabajadores de una empresa de la minera Poderosa, la misma que -segun familiares- no hizo nada por ellos, fue precedida por otra noticia de violencia en Pataz: un «grupo de delincuentes» (RPP 03/05/25) emboscó a policías en la procesadora de Aracoto, en Tayabamba, capital de Pataz, el sábado 3 de mayo.
El resultado: dos policías y seis civiles heridos, los mismos que fueron trasladados a nosocomios locales y al hospital de Alta Complejidad de Trujillo. Al respecto, según RPP, los heridos fueron producto del intento de «un grupo de mineros ilegales» de tomar el campamento de Aracoto, de la compañía Minera Caravelí.
Ahora bien, sin negar la facticidad de los 8 heridos (2 policías y 6 civiles) en la procesadora de Aracoto, y que los 13 trabajadores secuestrados el 26 de abril fueran hallados asesinados en un socavón, lo que llama poderosamente la atención son dos cosas: una, la inacción de la minera Poderosa frente al secuestro y, dos, que la emboscada en Aracoto y los asesinados aparezcan el mismo día y un día después que se reveló el testimonio de Mario Cabani.
No solo eso. En el caso de los trece asesinados, hay un aire de familiaridad que nos recuerda a la narco-masacre de 16 personas (entre ellos dos bebés) perpetrada por el clan Quispe Palomino en San Miguel del Ene, en el distrito de Vizcatán del Ene/Vraem, en mayo de 2021. Esa narco-masacre fue un encargo express del clan Quispe Palomino para beneficiar electoralmente al fujimorismo.
¿Será la masacre de los trece trabajadores, quienes fueron secuestrados hace nueve días y que la empresa y la PNP no hicieron mucho por rescatarlos, un encargo para beneficiar a Boluarte acorralada por la confesión de Cabani? Bajo el imperio del crimen organizado que vivimos no se puede descartar nada. Es necesaria una investigación profunda e independiente de los hechos que han ocurrido en la provincia de Pataz.
Existe, además, otra razón. En los dos últimos años, cuando Boluarte ha estado acorralada por escándalos de denuncias de corrupción, un día antes o el mismo día, se daba a conocer que una o dos torres de comunicación fueron derribadas por «los mineros ilegales». Todo ello a contrapelo del estado de emergencia y la presencia de militares y policías en Pataz.
¿Acaso los «mineros ilegales» que, en los hechos, son empresarios fuera de la ley tienen una lógica de sabotaje tipo SL que – por la cantidad de torres derribadas con dinamita – afectarían a la empresa y a la población de Pataz? No. Lo que a los mineros ilegales les interesa es extraer oro y venderlo. Ese es su único objetivo. No tienen una lógica de sabotaje dinamitero.
Por otro lado, sobre la emboscada en la procesadora de Tayabamba ¿es posible que un grupo de delincuentes tengan capacidad de emboscar a efectivos policiales? Los sicarios o chalecos de los mineros ilegales son hombres armados sin esa capacidad de acción militar. Los sicarios son asesinos a sueldo y los chalecos son guachimanes armados. A lo sumo, como en el Vraem, los chalecos o sicarios de los «mochileros», tienen capacidad de contención: disparan para salir de la zona.
¿A quién beneficia el hallazgo de trece personas masacradas post secuestro y los heridos de las escaramuzas en Aracoto? A la señora Boluarte, quien ha recibido un golpe en la yugular con el testimonio de Mario Cabani. Una confesión que tira abajo su versión que se operó por razones de salud. Además, de otras mentiras y delitos.
