¡Es un escándalo! El juicio contra la perita Amalia Ángeles Cervantes por presunta falsedad apesta a una burla a la justicia y un intento descarado de encubrir responsabilidades. ¿Cómo explicar si no las maniobras dilatorias y la designación de jueces comprometidos?
Recordemos: La referida perita emitió informes, hoy desacreditados por colegios profesionales y ministerios, que sirvieron para encarcelar injustamente a un exgobernador (Juan Carlos Morillo) por casi tres años. ¡Años de libertad robados por una pericia presuntamente falsa!
Y ahora ¿Quiénes deben juzgarla? Primero, nombran a la jueza Rosana Luna León, quien tuvo que inhibirse porque ¡Ella misma validó esa pericia en la Sala Superior para confirmar la prisión! Luego, en una jugada que clama al cielo, designan al juez Rolando Aparicio Alvarado ¡Quien también integró esa misma Sala y avaló el informe! Obviamente, ha sido recusado.
¿Casualidad? ¿O una estrategia deliberada para poner a jueces que tienen supuesto interés en que no se demuestre la falsedad de la pericia que ellos mismos usaron para encarcelar? Pareciera que se busca proteger la decisión original, tapar el grave error judicial y evitar que se haga justicia real, sacrificando la verdad y la imparcialidad en el altar de la conveniencia judicial. ¡Esto no puede quedar impune!
