Aspirante al Congreso omitió informar en su Hoja de Vida que laboró como chofer y apoyo administrativo en la gestión de Ciro Castillo, exponiéndose a una nueva condena penal por falsa declaración.
La candidatura de Enrique Vargas Barrenechea pende de un hilo tras detectarse una grave omisión en su Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada para las Elecciones Generales 2026. En el rubro de experiencia laboral, Vargas declaró bajo juramento desempeñarse únicamente como «Comerciante» independiente en la ciudad de Huaraz desde el año 2018 hasta la actualidad, con un ingreso anual de 14,400 soles en el 2024; sin embargo, los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) demuestran que durante el año 2023 mantuvo relación laboral y cobró altas sumas de dinero del Gobierno Regional del Callao, donde ya despachaba como gobernador Ciro Castillo Rojo a quien financió con dinero para su campaña, información que ha ocultado deliberadamente a las autoridades electorales y a la ciudadanía.
Los documentos hallados en el portal de transparencia revelan que Vargas Barrenechea obtuvo dos órdenes de servicio en la sede central del GORE Callao. Entre los servicios del 2023 se encuentran por «Apoyo de Chofer XIX» por un monto de 7,000 soles mensuales, y la segunda por «Servicio de Apoyo Administrativo» para la Vicegobernación por 8,000 soles mensuales. Estas labores, que difieren sustancialmente de su perfil de simple «cocinero» o político de carrera, no fueron consignadas en su expediente ante el JNE, contraviniendo la normativa que exige transparencia total sobre las rentas y empleos en el sector público y privado. La omisión de estos vínculos laborales, precisamente en la entidad gobernada por quien recibió sus aportes de campaña, agrava su situación ética y legal lo cual lo deja tan mal para como si se tratara de un corrupto o delincuente.
La jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones es clara respecto a la exclusión de candidatos que omiten información en sus hojas de vida (y que lo puedes hacer hasta 30 días antes de las elecciones, esto es el 4 de setiembre del 2026), pero el escenario para Vargas es mucho más complejo debido a sus antecedentes. Al haber purgado anteriormente una condena de cinco años de prisión efectiva por el delito de falsedad genérica tras mentir sobre sus estudios de gastronomía, esta nueva omisión de información podría configurar una reincidencia delictiva.
El Ministerio Público podría actuar de oficio ante la evidencia documental del SEACE que contradice su declaración jurada, lo que no solo lo sacaría de la carrera electoral, sino que podría devolverlo a prisión por volver a mentirle al Estado sobre su trayectoria y sus ingresos reales.