La pieza clave del evidente complot.
Cuestionan a juez por ocultar acusación por falsedad contra perita que generó informe con presuntas falsedades para mantener en prisión a exgobernador de Ancash
La decisión del juez Rubén Yauri de vetar 195 pruebas en el caso contra el exgobernador Juan Carlos Morillo se torna aún más escandalosa al descubrirse una omisión que grita injusticia: entre la evidencia rechazada se encuentra la acusación formal por el delito de falsedad genérica contra Amalia Karina Ángeles Cervantes, la perita clave del Ministerio Público cuyas conclusiones sirvieron de único sustento para mantener a Morillo encarcelado preventivamente por casi 3 años. Este hecho, a vista y paciencia de todo el sistema judicial de Áncash, no es solo una coincidencia; es la evidencia más flagrante de que la prolongada prisión del exmandatario fue una injusticia premeditada y parte de un complot armado.
Resulta incomprensible que el mismo peritaje que fundamentó la prisión de Morillo y que hoy está oficialmente cuestionado por falso, no pueda ser debatido en el juicio que decidirá su libertad o condena. El juez Yauri, al inadmitir la «Copia simple del requerimiento de acusación contra Amalia Karina Ángeles Cervantes», ha impedido que el tribunal conozca que la principal prueba de cargo de la Fiscalía carece de credibilidad y está contaminada por una imputación penal.
La pericia de Ángeles Cervantes fue la piedra angular sobre la cual el fiscal Robert Rojas Ascón construyó su caso y solicitó la prisión preventiva, alegando un supuesto perjuicio económico basado en un presunto incremento de metrados y sobrevaloración. La defensa ha sostenido, y ahora la propia Fiscalía lo investiga, que dicho peritaje contiene falsedades, al punto de haber formalizado una acusación penal en su contra.
Al negarse a admitir esta prueba crucial, el juez Yauri no solo viola el derecho a la defensa de Morillo, sino que perpetúa la injusticia de una prisión que, a todas luces, se basó en un informe presuntamente falso. Lo que está ocurriendo en Áncash trasciende la negligencia; es un escándalo que apunta a una manipulación deliberada del sistema de justicia para perseguir a un objetivo político, manteniendo en la sombra las pruebas que exponen la verdad.
