Error procesal del equipo de fiscales, entre los están Robert Rojas Rascón, Anita Villarreal Camones y otros, dejaría la audiencia de prisión preventiva contra la presunta cabecilla, Susy Ysabel Aponte Polo, legalmente sin argumento y convirtiéndola en ilegal.
Un grave error pone en jaque años de trabajo policial y fiscal, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ancash ha ordenado el cierre definitivo de la investigación preparatoria del emblemático caso «LOS ELEGANTES DE ANCASH». La decisión, emitida este 5 de septiembre, no se debe a la inocencia de los implicados, sino a un catastrófico error procesal del equipo de fiscales a cargo (entre los que están Robert Rojas Rascón, Anita Villarreal Camones y otros), dejaría la audiencia de prisión preventiva contra la presunta cabecilla, Susy Ysabel Aponte Polo, alias «La China Polo», legalmente sin argumento y convirtiéndola en ilegal.
La investigación, que destapó una presunta red de corrupción para la emisión de licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes, se desmorona por un “error” de la fiscalía que desnuda la grave negligencia fiscal (y no es la primera vez que fiscales son señalados de presuntamente cometer errores adrede para beneficiar a investigados). Según la resolución judicial, la fiscalía inició el caso en noviembre de 2023 bajo la etiqueta de «Crimen Organizado», lo que les daba un cómodo plazo de 36 meses. Sin embargo, más de un año después, en una decisión extraña que parecería más un error intencional, los mismos fiscales admitieron su error y recalificaron el caso a «Banda Criminal», cuyo plazo de investigación es de solo 8 meses.
El problema fue que, para cuando hicieron el cambio, el plazo de 8 meses ya había expirado hacía más de medio año. La solicitud de prórroga, que el juez de primera instancia había concedido en un intento por salvar el caso, fue fulminantemente anulada por la Sala Superior. «La ley es clara y los plazos no pueden ser extendidos arbitrariamente», sentenciaron los magistrados, responsabilizando directamente a los negligentes miembros de la Fiscalía de Áncash por su «error de estrategia».
Solo para poder hablar de los plazos y se comprenda mejor. El 21 de noviembre de 2023, la Fiscalía formalizó la investigación bajo la figura de Crimen Organizado. Esta calificación le otorgaba un plazo extraordinario de 36 meses para investigar. Más de un año después, el 31 de enero de 2025, la Fiscalía se da cuenta de que los hechos no configuran Crimen Organizado y recalifica el caso a Banda Criminal, que se rige por las normas de un «proceso complejo».
Un «proceso complejo» tiene un plazo de investigación de 8 meses, prorrogable por otros 8 meses. Al momento de la recalificación (31 de enero de 2025), ya habían transcurrido 14 meses desde el inicio de la investigación formal (21 de noviembre de 2023). El plazo original de 8 meses para un caso complejo ya había vencido en julio de 2024. La ley exige que cualquier solicitud de prórroga se presente antes de que venza el plazo vigente. La Fiscalía la presentó más de 6 meses tarde.
El juez de primera instancia intentó salvar a la Fiscalía aplicando principios de razonabilidad, argumentando que la situación era peculiar. Sin embargo, la Sala Superior corrigió esto de manera contundente, estableciendo que el Principio de Legalidad Procesal es imperativo y que, si la ley establece un plazo, este no puede ser ignorado ni extendido arbitrariamente. La negligencia o error estratégico de la Fiscalía no puede perjudicar el derecho de los investigados a ser procesados en un plazo razonable.
Este colapso procesal ocurre en el momento más delicado. Precisamente cuando la fiscalía había solicitado debatir la audiencia de prisión preventiva contra Susy Isabel Aponte Polo (alias la China Polo) en su condición de presunta cabecilla de la banda criminal en la que la fiscal Anita Jimena Villareal Camones iba a solicitar 18 meses de prisión preventiva para Aponte Polo, a quien señalan como «AUTOR del delito de Banda Criminal, e INSTIGADORA del delito de Cohecho Pasivo Propio». Ahora, esa audiencia es letra muerta. Sin una investigación en curso, no hay base legal para pedir prisión. Eso quiere decir que por los presuntos errores intencionales de la fiscalía alguien sindicada cabecilla de una banda criminal quedaría impune.
Este hecho resulta aún más polémico al recordar las denuncias publicadas por el suscrito que apuntaban a que «La China Polo» se habría jactado de tener protección en las más altas esferas. Documentos previos revelarían sus visitas al entonces número dos de la PNP y sobrino de la presidenta, Carlos Chong Campana, presuntamente para buscar un «blindaje» que la dejara fuera del operativo inicial de noviembre de 2023, donde sí cayeron otros 30 implicados.
Mientras la defensa de los investigados celebra una victoria amparada en el debido proceso, la ciudadanía y las autoridades que colaboraron en la investigación quedan con un amargo sabor a impunidad. La pregunta que resuena en los pasillos judiciales de Ancash es inevitable ¿Fue un simple, aunque garrafal, descuido de los fiscales responsables, o es el reflejo de algo más profundo en un caso que desde el principio estuvo manchado por sospechas de influencias y poder? Con la investigación cerrada en seco, la Fiscalía ahora se enfrenta a una carrera contrarreloj: acusar con las pruebas que tiene o arriesgarse a que el caso «Los Elegantes de Ancash» se convierta en el monumento a un fracaso judicial.
La responsabilidad de este descalabro procesal recae, según los propios actuados judiciales, en el equipo fiscal liderado por la fiscal Anita Villareal Camones y Alexander Robert Rojas Ascón, quienes solicitaron la prórroga de plazo de manera manifiestamente extemporánea. Fue su requerimiento el que, al ser evaluado, desnudó el error fatal en el manejo de los tiempos legales que ha terminado por beneficiar a los investigados.
Por otro lado, la decisión final que pone un freno contundente a la investigación fue tomada por unanimidad por los integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones integrado por los jueces superiores Armando Canchari Ordoñez, José La Rosa Sánchez Paredes (actuando como ponente) y Rosana Luna León, quienes, en una clara enmienda al juzgado inferior, decidieron tomar esta decisión.
