𝐏𝐨𝐫: 𝐊𝐨𝐤𝐢 𝐍𝐨𝐫𝐢𝐞𝐠𝐚 – 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐀𝐍𝐆𝐑.
La descentralización en el Perú inició en el año 2002 como una respuesta a las históricas desigualdades entre la capital y las demás regiones del país. Su promesa fue clara: mayor autonomía para las regiones, un desarrollo más equilibrado y una mejor calidad de vida para todos los peruanos. Sin embargo, a más de dos décadas del inicio de este proceso quedó trunca, su esencia se ha ido diluyendo entre dos prácticas que lo distorsionan profundamente: la recentralización de competencias y la desconcentración burocrática.
Hoy asistimos a un fenómeno preocupante: el Gobierno Nacional vuelve a centralizar funciones clave con el argumento de la supuesta “incapacidad” de las regiones. Paralelamente, crea oficinas sectoriales en el interior del país que operan de forma aislada, sin articulación con las autoridades regionales. El resultado no ha sido más eficiencia, sino duplicidad de funciones, gasto innecesario, y un debilitamiento sistemático de las instituciones regionales.
Un caso emblemático es el del Ministerio de Energía y Minas, que ha decidido retomar la fiscalización de la minería artesanal, función que venían desempeñando las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Esta medida no solo desautoriza el trabajo técnico en los territorios, sino que refuerza la dependencia desde la capital. Algo similar ocurrió con la SUNAFIL, al absorber competencias que antes correspondían a las direcciones regionales de trabajo.
La desconcentración, por su parte, ha multiplicado la presencia del Ejecutivo en las regiones sin un plan articulado. En el sector agrícola, por ejemplo, conviven INIA, Agro Rural, Sierra y Selva Exportadora, PSI y Agro Ideas, compitiendo entre sí y con las Direcciones Regionales de Agricultura. En transportes, Provías Nacional y Provías Descentralizado se superponen con direcciones regionales. Y en programas sociales, el MIDIS implementa Juntos, Pensión 65 y Qali Warma con estructuras separadas y sin coordinación efectiva.
Este modelo, lejos de solucionar problemas, profundiza las brechas. Las oficinas desconcentradas del gobierno central tienen más presupuesto, mejores salarios y más recursos que las instancias regionales. Esto genera descontento, fragmentación institucional y un sentimiento generalizado de frustración.
Las consecuencias están a la vista: instituciones regionales debilitadas, gasto público ineficiente, desarrollo desigual y una ciudadanía cada vez más desencantada con la promesa descentralizadora.
Desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, planteamos una salida clara:
- Evaluar y corregir permanentemente el proceso, sin desandar lo avanzado.
- Transferir competencias con los recursos y exclusivas.
- Eliminar duplicidades y articular esfuerzos bajo una estrategia común.
- Otorgar autonomía fiscal real a las regiones.
Las regiones no son menores de edad institucionales. Tienen la capacidad y el derecho de construir su propio desarrollo. Para lograr un Perú más justo, cohesionado y democrático, es indispensable dejar atrás la recentralización encubierta. La descentralización no puede seguir siendo una promesa vacía: debe convertirse, de una vez por todas, en una política de Estado firme, coherente y efectiva. Momento de recordar a Jorge Basadre ¡Que el Perú no se pierda por la obra o la inanición de los peruanos!
