El exgerente general regional es señalado por autorizar modificaciones contractuales que excluyeron componentes vitales en la obra de saneamiento de Nueva Florida, afectando la operatividad del sistema.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash ha dispuesto la formalización de la investigación preparatoria contra Víctor Alejandro Sichez Muñoz (actual candidato a diputado con César Acuña), en su actuación como exgerente general regional del Gobierno Regional de Áncash. La disposición fiscal lo vincula directamente con la presunta comisión del delito de colusión agravada, tras detectar irregularidades sustanciales en la ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en el barrio de Nueva Florida.
El eje central de la imputación fiscal recae en la emisión de la Resolución Gerencial General Regional N° 133-2022-GRA/GGR, suscrita por Sichez Muñoz. Mediante este acto administrativo, el entonces funcionario aprobó el expediente técnico de un adicional de obra N° 02, el cual incluía un deductivo vinculante que eliminó la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Según el análisis del Ministerio Público, esta decisión desnaturalizó el proyecto original, toda vez que la PTAR representaba el componente técnico esencial para el procesamiento de desechos, dejando la infraestructura de saneamiento sin una disposición final adecuada y funcional.
La investigación sostiene que esta modificación se realizó sin el sustento técnico de necesidad e indispensabilidad que exige la normativa de contrataciones del Estado para los adicionales de obra. El Ministerio Público argumenta que la exclusión de la planta de tratamiento no solo vulneró la finalidad pública de la inversión, sino que habría sido el resultado de presuntos acuerdos colusorios para favorecer al consorcio ejecutor, permitiéndole eludir obligaciones contractuales críticas mientras se mantenía el flujo de pagos por conceptos que no garantizaban la operatividad del sistema.
Ante la gravedad de los hallazgos y la cantidad de diligencias pendientes, la Fiscalía ha declarado el proceso como complejo, estableciendo un plazo de ocho meses para la etapa preparatoria. Durante este periodo, se han programado declaraciones testimoniales de auditores e ingenieros especialistas, así como la revisión de las valorizaciones de obra tramitadas bajo la gestión de Sichez Muñoz, con el fin de determinar el perjuicio económico exacto y la responsabilidad penal de los involucrados en este proyecto de infraestructura que permanece inconcluso en sus objetivos primordiales.
