Contrataciones de Enrique Vargas en la región Callao tras financiar campaña de Ciro Castillo evidencian intercambio de favores y presunto delito de colusión agravada.
La ruta del dinero en la política chalaca ha cerrado su círculo con la aparición de contratos estatales a favor de quien fuera financista de campaña. Enrique Vargas Barrenechea, quien según la ONPE aportó dinero en efectivo a la candidatura de Ciro Castillo Rojo en 2022, pasó a ser proveedor del Gobierno Regional del Callao apenas iniciada la gestión en 2023, lo que para expertos en derecho penal configura los elementos típicos del delito de colusión agravada. La documentación oficial confirma que el dinero entregado en campaña no fue un acto altruista, sino que tuvo un retorno directo a través de órdenes de servicio giradas desde la administración de Castillo Rojo hacia los bolsillos de Vargas.
Lo que agrava la situación legal de ambos personajes es la naturaleza de los servicios contratados y la inmediatez de los mismos. A pesar de presentarse políticamente como un exgobernador, Vargas Barrenechea fue contratado bajo el concepto de «Servicio de Apoyo de Chofer XIX» y «Apoyo Administrativo», funciones operativas que le permitieron facturar miles de soles en un lapso breve. En el derecho penal, la colusión se configura cuando existe un acuerdo clandestino entre el funcionario público y el particular para defraudar al Estado; en este caso, la prueba del nexo previo es el aporte de campaña registrado en la ONPE, y la prueba del beneficio indebido son las órdenes de servicio generadas sin concurso público y por montos fraccionados para evitar la fiscalización, una modalidad (menor a 8 UIT) que la Fiscalía ya investiga en el caso «Los Socios del Callao» donde el gobernador Ciro Castillo estuvo con requisitoria y fue declarado prófugo de la justicia.
Este esquema de «puerta giratoria», donde el aportante entra a la planilla de proveedores, desvirtúa los principios de la administración pública y compromete penalmente tanto al contratado como al titular de la entidad. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tiene en estos documentos la evidencia de que los recursos del Gobierno Regional del Callao habrían sido utilizados para devolver favores políticos y financieros. Enrique Vargas, al aceptar estos contratos siendo financista, y la gestión de Ciro Castillo, al otorgarlos, habrían concertado voluntades para beneficiar a un tercero en perjuicio de la meritocracia y la transparencia estatal, un delito que conlleva penas de prisión efectiva y que se suma al historial judicial de ambos actores políticos.
