Fiscalía pidió 9 años y 4 meses de prisión e inhabilitación contra Enrique Sotelo Montes.
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Ancash(Expediente Judicial N° 01045-2017-60-0201-JR-PE-03), podría emitir sentencia en los próximos días contra Javier Enrique Sotelo Montes, candidato a rector (lista N° 4) de la Universidad Nacional de Áncash, Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM).
El representante del Ministerio Público (MP) en su requerimiento de acusación pidió 9 años y 4 meses de prisión y la inhabilitación para Enrique Sotelo, por el presunto delito de peculado doloso agravado en agravio del Estado, municipalidad distrital de Anta, provincia de Carhuaz, en su condición de exjefe de Infraestructura. El juicio oral continuará el jueves 30 de octubre 2025, a horas 8: 05 a.m.
La fiscalía en delitos de corrupción sostiene que se inventó un aparato para simular gastos, autorizar pagos por servicios fantasma y adquirir materiales que nunca llegaron a la obra. En este esquema, Sotelo Montes no es un personaje secundario; la acusación lo califica de cómplice «intraneus», es decir, el funcionario público que desde su posición estratégica y de confianza facilitó el desvío de los fondos del Estado. Su firma y supervisión eran indispensables para que el dinero fluyera, y las pruebas admitidas por el juzgado pintan un panorama sumamente delicado para el ahora candidato.
La contundencia del caso reside en las evidencias materiales. El Ministerio Público presentará en el juicio un Informe de Inspección Técnica pericial que concluye, de manera categórica, que el avance físico real de la obra fue de apenas un 47.38%, menos de la mitad de lo que se había pagado con fondos públicos (ya que Sotelo según la Fiscalía autorizó el pago del total de la obra). Esta cifra se contradice directamente con los informes mensuales de avance que Sotelo, como máximo responsable técnico, debía elaborar y verificar.
La propia UNASAM lo hundió
Dichos informes, también admitidos como prueba, son señalados por la fiscalía como documentos que contenían información falsa para ocultar la falta de progreso real y justificar los desembolsos.
Pero la prueba que genera mayor controversia es, irónicamente, un documento emitido por la propia UNASAM. El Oficio N° 064-2021-UNASAM-DRRHH-URC/J acredita, con un parte de asistencia oficial, que Enrique Sotelo acudía a la Facultad de Ingeniería de Minas entre julio y diciembre de 2014. Este es exactamente el mismo periodo en el que debía estar supervisando a tiempo completo la obra en Anta, lo que para la fiscalía evidencia un grave abandono de sus funciones (y que está acostumbrado a dejar sus cargos y responsabilidades para dedicarse a otras cosas) y pone en tela de juicio si realmente ejercía el cargo por el que cobraba.
