Cochabamba, Huaraz
Áncash es una región bendecida por la naturaleza y la riqueza del subsuelo. Montañas majestuosas, valles fértiles y un potencial minero que ha sido —y sigue siendo— la columna vertebral de su economía. Hoy, más del 80 % de los ingresos regionales provienen directa o indirectamente de la minería. Solo la compañía Antamina aporta más del 60 % del canon minero, mientras que la pequeña y mediana minería han empezado a dinamizar la economía local, generando miles de puestos de trabajo, abriendo carreteras, financiando colegios, postas médicas y sistemas de agua potable.
Una región construida sobre el mineral
El dato es contundente: nueve de cada diez obras públicas en Áncash se financian con recursos mineros. Sin minería, Áncash no sería la potencia económica que hoy figura entre las regiones con mayor inversión pública per cápita del país.
Y, sin embargo, la paradoja es dolorosa: mientras los ingresos crecen, también lo hacen los conflictos. La falta de información, los intereses ocultos y la manipulación política han sembrado desconfianza, especialmente en zonas rurales como el distrito de Cochabamba, en la provincia de Huaraz.
La minería formal: oportunidad y esperanza
El Perú es un país eminentemente minero. Según el Ministerio de Energía y Minas, en 2024 las exportaciones mineras superaron los US$ 45 mil millones, representando el 57 % del total nacional. En regiones como Áncash, esta industria no solo aporta divisas, sino que puede convertirse en la base financiera de nuevos sectores productivos: la agroexportación, el turismo sostenible y la pesca artesanal tecnificada.
Una minería formal, moderna y fiscalizada, permite captar recursos que luego pueden financiar carreteras, represas, proyectos de riego y escuelas técnicas. Pero para eso se necesita estabilidad social, confianza y diálogo.
Los enemigos del desarrollo
El principal enemigo de la minería formal es la minería ilegal: aquella que destruye ecosistemas, contamina ríos, evade impuestos y deja comunidades divididas.
A su lado, aparecen otros actores: agitadores disfrazados de ambientalistas, que lucran con el caos y predican un falso discurso “antiminero” mientras negocian bajo la mesa. Políticos locales, dirigentes sin legitimidad y operadores que han convertido el conflicto en su modo de vida.
Uno de esos casos se vive hoy en la comunidad campesina de Cochabamba, donde un grupo reducido de personas intenta sabotear a una compañía minera formal de capitales canadienses e ingleses, que ha mostrado disposición al diálogo, la cooperación y el desarrollo conjunto.
El impostor ambientalista
Nuestro equipo de investigación rastreó el origen de las tensiones en Cochabamba y halló un nombre recurrente: Wilson Méndez López.
Quien hoy se presenta como defensor del agua y portavoz de los comuneros, es propietario de cinco concesiones mineras en el sur del país, además de tres reinfos (reinscripciones de actividad minera). En Cusco, Arequipa y Huancavelica figura como operador activo en pequeña minería.
Sin embargo, en Cochabamba, Méndez promueve discursos contra la minería formal, instigando a los comuneros a romper acuerdos y rescindir compromisos con las empresas que cumplen la ley.
Cuando este medio logró comunicarse con él, negó toda vinculación con actividades mineras y se victimizó ante las preguntas sobre su verdadero interés en la zona. Eludió responder, se refugió en evasivas y acusaciones, pero los documentos del Registro Público de Minería confirman su rol como concesionario activo.
Fuentes locales señalan que detrás de los recientes conflictos y la división comunal está su influencia, disfrazada de “asesoría ambiental” pero con fines económicos evidentes.
El costo de la desinformación
Cochabamba se encuentra en una encrucijada histórica. De optar por la minería formal, la comunidad podría acceder a obras, empleos y proyectos sostenibles bajo supervisión estatal. De dejarse arrastrar por la minería ilegal o los intereses personales de algunos agitadores, el precio será alto: contaminación, pobreza y pérdida de confianza de los inversionistas.
La experiencia nacional lo demuestra. En Madre de Dios, la minería ilegal destruyó más de 96 mil hectáreas de bosque amazónico; en Puno, contaminó con mercurio las aguas del Lago Titicaca. En contraste, operaciones formales como Antamina o Cerro Verde mantienen certificaciones internacionales ISO 14001 y programas ambientales auditados cada año.
El futuro de Áncash se escribe hoy
Áncash tiene una oportunidad de oro —literalmente— para consolidar su desarrollo. Pero esta vez, la decisión no pasa solo por las empresas ni por el Estado: depende también de los propios ciudadanos, de los comuneros que deben discernir entre la verdad y la manipulación.
La minería formal no es enemiga del agua ni del campo. Es, bien gestionada, la fuente de recursos para modernizar el agro, mejorar la educación y promover el turismo rural comunitario.
Cochabamba puede ser el ejemplo de un nuevo modelo: minería con rostro humano, diálogo y beneficio compartido. O puede repetir la historia de tantas comunidades que, engañadas por el discurso del miedo, perdieron la oportunidad de transformar su destino.
