¿Y dónde está la Fiscalía Anticorrupción?
Huaraz, Áncash. – La millonaria obra de reconstrucción de la avenida Agustín Gamarra, un proyecto clave para la ciudad de Huaraz, se encuentra en el centro de una grave controversia.
Un demoledor Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República, identificado con el N° 026-2025-OCI/0337-SCC, ha sacado a la luz una cadena de irregularidades que van desde el incumplimiento sistemático de las normas de seguridad laboral hasta el pago por trabajos que no fueron ejecutados, pasando por deficiencias técnicas que amenazan la durabilidad misma de la infraestructura, señala una publicación de la periodista Gudelia Gálvez.
La fiscalización, realizada entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre de 2025, pone en tela de juicio la gestión del contratista, Consorcio Gamarra, la labor del supervisor, Consorcio Supervisor Sam, y la capacidad de cautela de la propia Municipalidad Provincial de Huaraz.
El hallazgo más alarmante se centra en el absoluto desprecio por la seguridad de los trabajadores. La Contraloría constató que, en la excavación de zanjas de más de dos metros de profundidad para el alcantarillado pluvial, el contratista no utiliza el entibado metálico con arriostres que exige el expediente técnico. En su lugar, se emplean paneles de madera improvisados. La inspección documentó fotográficamente a operarios realizando trabajos de soldadura en altura, subidos a escaleras, sin casco de seguridad y, más grave aún, sin el arnés y la línea de vida obligatorios.
Esta omisión no es solo una falta a la Norma Técnica G.050 de Seguridad, sino que contraviene directamente el propio contrato de obra, el cual estipula penalidades económicas específicas, equivalentes al dos por mil (2/1000) de la valorización del periodo, por cada día que no se dote al personal de equipos como el arnés de seguridad. La evidencia sugiere que estas penalidades no han sido aplicadas por el supervisor, quien tiene la responsabilidad directa de velar por el cumplimiento de estas condiciones.
A la par del riesgo humano, la calidad de la obra ya presenta serias deficiencias. El vaciado de concreto en los muros del alcantarillado pluvial muestra la presencia de «cangrejeras», que son vacíos y porosidades que se forman por una mala compactación del material. Estos defectos estructurales, prohibidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, comprometen la resistencia y la vida útil del proyecto.
A pesar de estas fallas visibles, el supervisor dio conformidad a la valorización correspondiente, permitiendo que se pague por un trabajo deficientemente ejecutado. Sumado a esto, la Municipalidad impulsa una modificación no sustentada para realizar aperturas en la berma central de la avenida, lo que implicaría el retiro de árboles antiguos, sin contar con un sustento técnico, un deductivo de obra aprobado ni haber seguido el procedimiento formal para una modificación del expediente. Esta decisión, impulsada mediante un informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano, podría generar un impacto ambiental negativo y sobrecostos no planificados.
El informe de la Contraloría destapa también un hecho que apunta a un posible perjuicio económico directo. En la valorización de obra N° 2, correspondiente al mes de julio de 2025 y aprobada por el supervisor el 7 de agosto, el Consorcio Gamarra facturó la ejecución de la partida «17.02 Pases temporales vehiculares». Sin embargo, durante la visita de inspección física realizada por los auditores el 19 de agosto de 2025, se verificó que dichos pases vehiculares no habían sido implementados en lo absoluto. Se autorizó y tramitó un pago por un metrado no ejecutado, una acción que contraviene la Ley de Contrataciones del Estado, la cual es explícita en señalar que en obras a precios unitarios solo se valoriza lo realmente avanzado.
Estas tres situaciones adversas configuran un panorama preocupante en una obra de más de 10 millones de soles. La Contraloría ha puesto en conocimiento del titular de la Municipalidad Provincial de Huaraz este informe, exhortándolo a adoptar las acciones preventivas y correctivas que correspondan para asegurar que el dinero de los ciudadanos se invierta en una obra segura, duradera y correctamente ejecutada, y para establecer las responsabilidades de quienes han permitido que se pague por trabajos inexistentes mientras se pone en riesgo la vida de los obreros.
