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La Comisión Permanente del Congreso, bajo la conducción del tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López Ureña, aprobó el informe final recaído en la Denuncia Constitucional 509, donde se propone su archivo. La denuncia fue formulada por el ex fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, contra la presidenta, Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las protestas sociales, entre diciembre del 2022 y enero 2023, en diversos puntos del país.
El informe fue aprobado el pasado 18 de julio en la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que presidió la congresista María Acuña Peralta.
Durante la sustentación del informe, a cargo de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), señaló que se ha determinado que no existen elementos probatorios que a la fecha permitan demostrar fehacientemente y con claridad objetiva la infracción del deber de protección que habían tenido los denunciados en cuanto a las muertes registradas durante las protestas sociales.
Este blindaje no solo perpetúa la impunidad: también debilita la justicia en un contexto donde el Ejecutivo y el Congreso insisten en retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
