Al descubierto una presunta operación de boicot interno contra la gestión del gobernador Koki Noriega.
Jaquelyne Paola Robles Zarzosa, fundadora del ‘Maicito’, utiliza un pretexto ilegal para negar información pública a un ciudadano, dejando al descubierto una presunta operación de boicot interno contra la gestión del gobernador Koki Noriega.
Una simple solicitud ha destapado lo que parece ser una compleja red de deslealtades políticas enquistadas en el gobierno regional de Áncash. La negativa a entregar un documento público, orquestada desde la Secretaría General, no solo viola la ley, sino que también pone en tela de juicio la lealtad de una funcionaria clave hacia la actual gestión de Koki Noriega y revela la supuesta influencia del exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, en un puesto de máxima confianza.
La historia con mi persona (Hugo Gonzales Henostroza), que en mi calidad de ciudadano, amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicité una copia del acta de una sesión del Consejo Regional. Un trámite que debería ser rutinario se convirtió en un muro. La respuesta, firmada por la Secretaria General, Jaquelyne Robles Zarzosa, negó la solicitud argumentando que el acta «no contaba con la aprobación del pleno», una justificación que carece de todo sustento legal. La ley es explícita respecto a que las actas de sesiones son públicas, y su aprobación es un trámite posterior que no condiciona su accesibilidad.
Lo grave de esta situación es el poder de esta funcionaria de tercer nivel. Documentos internos revelan una maniobra calculada. Inicialmente, Robles remitió un oficio al Consejero Delegado, Yover Montoya, recordándole que debía observar las excepciones de la ley (una especie de orden de no entregar o buscar un motivo para decir no). Sin embargo, cuando el consejero le devolvió una justificación ilegal, ella, en lugar de corregir el error de la institución, la validó y la convirtió en la respuesta oficial al ciudadano. Actuó no como una tramitadora, sino como quien da la orden final, una autoridad que parece estar por encima del propio Consejo Regional, del Consejero Delegado Yover Montoya.
Para entender el trasfondo de esta negativa, es indispensable conocer quién es Jaquelyne Robles. Lejos de ser una funcionaria, Robles es una figura política con profundas raíces cercanas a Vladimir Meza, opositor político del actual gobernador Koki Noriega. Robles fue fundadora del movimiento El Maicito y, como se recuerda en archivos periodísticos, fue fotografiada como subprefecta del distrito de Independencia en presuntas actividades de campaña a favor de dicha agrupación política, cuyo líder máximo en la región es Meza. La presencia de una persona con tal historial en un cargo tan sensible como la Secretaría General, desde donde se maneja toda la documentación y la agenda del gobierno, ha sido motivo de sorpresa.
Estos lazos no son cosa del pasado. La lealtad de Robles Zarzosa parece seguir intacta hacia su líder político. Recientemente, ha vuelto a sus orígenes afiliándose a «País para Todos», el nuevo partido de Vladimir Meza, con el que, según fuentes políticas, buscaría postular como candidata a consejera por Huaraz. Esta afiliación ha sido interpretada como la confirmación de que su rol en el GORE Áncash no responde a los intereses de la gestión de Noriega, sino a una agenda paralela. Se habría convertido, a ojos de muchos, en la evidente «topo» de Vladimir Meza dentro de la institución.
Esto insinúa que Robles no solo ocupa un puesto clave, sino que opera como una gobernadora en la sombra, y estaría designando personal en puestos estratégicos con fines políticos y dando órdenes que superan su competencia, con el fin de obstaculizar y boicotear a la gestión actual desde adentro. La negativa a entregar un simple documento público se convierte así en la punta de la madeja.
