Fiscalía Anticorrupción debería intervenir de manera inmediata ante delicado caso de evidente corrupción. La clave podría estar en las computadoras del secretario del Consejo Regional y en los celulares de los involucrados.
“Ahí hay delito de cohecho, porque al parecer ya recibieron plata para hacerlo aprobar, no hay opinión de la dirección de Produce que es su competencia, así como de la gerencia de Desarrollo Económico, y que se intervengan las computadoras del secretario del Consejo Regional y de los consejeros involucrados para que vean que les han pasado ya hecho el dictamen y la ordenanza, y te aseguro que un tercero que puede ser el empresario supuestamente les pago, eso se obtiene con un peritaje de alta tecnología, y también les deberían intervenir los celulares, además existe aquí aprovechamiento del cargo, y que presenten el acta de reunión de la Comisión de Pesquería donde aprueban el dictamen, es arbitrario, además hay colusión”, sostuvo un experto abogado en el tema en diálogo telefónico con el plataforma hugogonzales.com
“Se ha pretendido direccionar las compras del programa, sólo se establecen requisitos para concursar o licitar la compra, los contemplados en la Ley de Contrataciones y las especificaciones técnicas del producto con los permisos sanitarios e industriales. El referido secretario en la época del exgobernador Juan Carlos Morillo presentó su renuncia irrevocable, e incluso fue destituido por Morillo, pero como Antonio Noriega era consejero delegado siguió trabajando, solo desaparecieron esa resolución de destitución y los oficios, si la renuncia es irrevocable de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444, se va sí o sí. Y al apagar la transmisión en vivo por Internet y suspender la sesión, convierte al actual consejero delegado en cómplice, así como a los demás consejeros”, dijo por su parte una fuente de la misma sede regional.
“Estos hechos de tratar de inducir a error al Consejo Regional, constituyen actos de inmoralidad e incumplimiento de funciones, porque la función del secretario es velar por la legalidad y ahora ya que se ha consumado el delito de cohecho y colusión” enfatizó.
Estallido del escándalo
La democracia en el gobierno regional de Áncash sufrió un golpe severo durante una sesión que quedará para la infamia. Lo que se pretendía aprobar como una simple ordenanza para la pesca artesanal, el Dictamen N° 01-2025-GRA/CR-COPPA de la Comisión de Pesquería y Pesca Artesanal, ha resultado ser una presunta trama de usurpación de funciones, direccionamiento de fondos públicos y un atentado contra la sostenibilidad del mar de Grau.
El escándalo estalló cuando, en un acto de desesperación, se intentó consumar la aprobación en la opacidad, cerrando las puertas del Consejo Regional de Ancash y cortando la transmisión en vivo, silenciando la fiscalización ciudadana en el momento más crítico.
Usurpó funciones
Todo empezó cuando el consejero por Asunción, Chacas, Félix Romero López, presidente de la comisión y principal impulsor del proyecto, fue incapaz de defender técnicamente las aberraciones contenidas en su propio dictamen.
Acorralado por las preguntas sobre quién fue el asesor que lo ayudó y la autoría intelectual de un documento tan deficiente, confesó ante el Pleno que el cerebro detrás sus acciones no fue ningún asesor técnico, sino el propio secretario del Consejo, Benjamín Yauri Sánchez (sospechosamente lleva más de 10 años en este cargo de confianza).
El descubrimiento es demoledor. Yauri, un funcionario administrativo cuya labor es de soporte administrativo, no tiene competencia legal para elaborar dictámenes técnicos ni proyectos de ordenanza, la cual realizan los asesores.
Su intervención, admitida por el consejero Félix Romero, configura una flagrante usurpación de funciones que vicia de nulidad todo el proceso y siembra dudas sobre qué intereses lo motivaron a actuar al margen de la ley, utilizando su posición para influir en las decisiones legislativas.
Consejero “Copia y pega”
Al leer el dictamen, se entiende por qué los autores quisieron ocultar la verdad. El documento es un monumento a la negligencia, un copia y pega mecánico de informes previos de los funcionarios sin mayor razonamiento de los consejeros, sin análisis crítico por el que se paga a un costoso equipo de asesores. Pero el error más escandaloso es la manipulación de las cifras de producción.
Pidieron 100 pero dan 800
Una sociedad privada, que originó la propuesta, solicitó procesar solo un máximo de 100 toneladas mensuales de pescado curado. Sin embargo, el dictamen elaborado en la sombra por Benjamín Yauri autorizaba la escandalosa cifra de 800 toneladas al mes.
Este disparate numérico, un aumento del 700% sin un solo folio que lo justifique, no es un error de tipeo; es un fantasma estadístico diseñado para dar apariencia de legalidad a una operación de escala industrial bajo el frágil disfraz de «artesanal», abriendo una peligrosa puerta a la depredación de recursos y al posible «blanqueo» de pesca de origen ilegal.
El “club” de empresas del consejero de Chacas
El objetivo de esta generosidad injustificada parece revelarse en otro de los artículos de la propuesta. La norma creaba un embudo diseñado para canalizar fondos públicos directamente hacia las empresas beneficiadas. Se establecía que solo los establecimientos que se acogieran a esta ordenanza «a la medida» podrían participar en el Programa de Apoyo Alimentario Regional (PAAR). En la práctica, se estaba utilizando el poder del Consejo Regional para crear un «club exclusivo» de proveedores del Estado, contraviniendo abiertamente los principios de libre competencia y transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado. Era, en esencia, un intento de asegurar un mercado cautivo pagado con el dinero de todos los ancashinos.
Cómplice consejera de Huaraz
Eso no es todo. La defensora de este mamarracho jurídico fue la consejera por Huaraz, Yanet Pinto Toledo, quien añadió más leña al fuego del escándalo. A pesar de decir es que “fiscalizadora”, actuó de manera sospechosa intentando salvar el proyecto a toda costa, llegando a proponer un «cuarto intermedio» para un «plenito» —una reunión privada, lejos de las cámaras y los registros—. Al fracasar su moción, sobrevino el acto autoritario de cerrar las puertas del Consejo y apagar la transmisión por internet. Esta maniobra desesperada por lograr los votos no hace más que confirmar que los implicados sabían que defendían lo indefendible y temían las consecuencias de que sus actos quedaran grabados para la posteridad.
